En el año 2003 sale a la luz un libro que pronto se convierte en básico para la materia de derecho premial. Se trata de Las órdenes y condecoraciones civiles del Reino de España de los autores Alfonso Ceballos-Escalera y Gila y Fernando García-Mercadal y García Loygorri. La editorial es Boletín Oficial del Estado (BOE).
Un volumen que no solamente recoge las órdenes y condecoraciones civiles españolas, las extinguidas como las vigentes, sino también su etiqueta y un acercamiento al pasado, presente y futuro del derecho premial civil en nuestro país.
Como se señala en la obra, los honores y distinciones, instrumentos de gratificación estatal, han existido y existen en todos los regímenes políticos. Sin embargo, su estudio no ha sido atractivo por parte de historiadores y juristas. Gracias a este libro se cubre este vacío con una investigación pormenorizada de sus orígenes y de su evolución histórica.
Nuestro Derecho Premial, desde un punto de vista objetivo, ha mantenido a grosso modo una trayectoria constante en los dos últimos siglos, caracterizada, para estupor de racionalistas, por la multiplicación sin orden ni concierto de distinciones y condecoraciones de variada índole.
La asombrosa cohorte de premios instituidos por fundaciones, empresas privadas y marcas comerciales que, bajo una apariencia altruista o adhesión a cualquier buena causa, encubren, casi siempre, ventajas fiscales o descarados fines publicitarios.
Los incentivos honoríficos y económicos fueron medidas habituales en la actividad del Estado durante la transición de los Borbones ilustrados al primer constitucionalismo.
Van a aparecer las modernas Órdenes de mérito, instituciones cuyo acceso se basa solamente en el mérito y virtudes personales -y no en la sangre-, única vía reconocida de promoción en las sociedades igualitarias y democráticas.
En los últimos años se viene observando en España una lamentable confusión conceptual entre Órdenes y condecoraciones.