“En el momento actual, se hace necesario que los poderes e instituciones públicas, ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos sus representantes en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas que si se inducían de ellas y que conforman un código de buen gobierno”. Con estas palabras la Comunidad Foral de Navarra justifica la probación de un código del buen gobierno. Se trata de la Ley Foral 2/2011.
La Ley Foral recoge los principios éticos y de conducta que deben practicar los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración y los representantes electos de las Entidades Locales de Navarra. Es de destacar que la aprobación de este reglamento es útil y coherente, pero me da mucha pena que se tenga que aplicar una ley para que las personas cumplan unas normas de comportamiento que deben ser innatas en todos nosotros.
En cuanto a los principios éticos recogidos en el artículo 2 se encuentran:
- Promover los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos evitando toda actuación que produzca discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión.
- Satisfacer los intereses generales de los ciudadanos.
- Promover el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.
- Actuar conforme a la eficacia, economía y eficiencia.
- Asumir la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias.
- Mantener el sigilo, reserva y discreción en relación con los datos e informes que se conocieran por razón del cargo.
- El comportamiento a seguir en la acción pública se basará en la igualdad con el resto de los ciudadanos, en la transparencia y la neutralidad.
Como principio de conducta el artículo 3 legisla que “se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Foral”.
En definitiva se trata de establecer un pacto de los poderes públicos con los ciudadanos cuyo objetivo es alcanzar “un compromiso sólido de respeto, protección y fomento de todas las aspiraciones de los individuos en un marco de solidaridad, libertad, justicia y ética”.
La Ley Foral del código de buen gobierno responde, a su vez, a las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y recogidas, en parte, en su manual “Participación ciudadana”. En dicha publicación se informa sobre los diez consejos a seguir en las relaciones entre instituciones públicas y los ciudadanos.
Consejo número 1: Considere el asunto con seriedad.
“Para obtener buenos resultados, las instituciones públicas deben preparar metódicamente las actividades de información, consulta y participación activa”.
Consejo número 2: Sitúese en el punto de vista de los ciudadanos.
“Cuando las instituciones públicas adoptan desde el inicio el punto de vista del ciudadano, se dan cuenta de que su tiempo es un recurso escaso”.
Consejo número 3: Cumpla sus promesas.
“Una buena programación presupuestaria y un compromiso duradero de los servidores públicos son condiciones primordiales del éxito”.
Consejo número 4: Cuidado con el factor tiempo.
“Informar, consultar, promover la participación son actividades que exigen tiempo y para las cuales no existe atajo”.
Consejo número 5: Sea creativo.
“Tratándose de reforzar las relaciones instituciones públicas-ciudadanos, las enseñanzas esenciales son: aprender de los demás, identificar nuevas oportunidades, razonar dinámicamente, y utilizar la propia creatividad para innovar”.
Consejo número 6: Arbitre los conflictos de interés.
Las instituciones públicas “tienen que tomar decisiones y demostrar iniciativa, así como estar atentas al público” y deben hacerlo todo a la vez.
Consejo número 7: Prepárese a recibir críticas.
“La información, la consulta y la participación ciudadana activa refuerzan las oportunidades de tener un debate constructivo, políticas de mejor calidad y un clima de confianza mayor hacia los poderes públicos”.
Consejo número 8: Involucre a sus colaboradores.
“Si las instituciones públicas piden a los ciudadanos hacer aportaciones importantes en la elaboración de una política, pueden también utilizar sus recursos internos para este mismo fin”.
Consejo número 9: Adopte una política coherente.
“Concebir que la información, consulta y participación ciudadana activa son en sí una política tiene ciertas implicaciones”.
Consejo número 10: Actúe ahora.
“Es fácil para los poderes públicos conservar la confianza de los ciudadanos, pero muy difícil recuperarla cuando se ha perdido”.