La relación entre el protocolo y el derecho premial se fundamenta en dos motivos: ambos tienen base jurídica y surgen para dar honor y distinción. Por esta última razón, los honores y condecoraciones han existido siempre en todas las épocas y regímenes políticos.
Desde sus orígenes tanto la recompensa como la pena han estado íntimamente ligadas en el marco del derecho, la segunda como castigo y la primera como premio al comportamiento humano. A su vez, su uso se aprovecha para dar una llamada de atención a la comunidad y se ponen como ejemplo al sancionado y al distinguido ante una sociedad para que no sigan el camino del primero y tomen como ejemplo al segundo.
El derecho premial o de recompensas está íntimamente relacionado con las acciones de fomento que la Administración lleva a cabo para conseguir el honor de una conducta adecuada y ejemplarizante para la sociedad.
La Enciclopedia jurídica define el término fomento como «la acción de la Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debida a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos». Y se añade que la «actividad fomentada no ha de ser exclusivamente de los particulares o privadas, sino que puede ser también actividad de otros entes públicos».
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